La Cámara de Representantes, por 121 votos a favor y ninguno
en contra, ratifica el punto del acuerdo por el que se estima que se verán
beneficiados unos 6.000 guerrilleros, que no hayan cometido delitos de lesa
humanidad.
Colombia ha dado un paso fundamental para el desarme y
desmovilización de las FARC con la aprobación en el Congreso de la República de
la Ley de Amnistía, cuyo proyecto forma parte del texto del acuerdo de paz y da
seguridad jurídica a los guerrilleros.
«Con la Ley de Amnistía se garantiza la desmovilización y
desarme de las FARC después de 52 años de conflicto», ha dicho en su cuenta de
Twitter el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, minutos después de que
el proyecto fuese aprobado.
El proyecto de ley, que estaba incluido en el acuerdo de paz
firmado el pasado 24 de noviembre por el Gobierno y las FARC, fue primero
aprobado en la Cámara de Representantes, donde hacia el mediodía obtuvo luz
verde con 121 votos a favor y ninguno en contra.
Luego pasó al Senado donde consiguió 69 positivos y cero
negativos, por lo que la ley fue enviada para la respectiva sanción
presidencial.
Esta ley recoge la amnistía para todos los miembros de las
FARC, excepto a los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto
de Roma, como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores,
entre otros.
Fuerzas del
Estado y Narcotráfico
Lo aprobado este miércoles también contempla un tratamiento
especial para los agentes del Estado que hayan cometido crímenes en el marco
del conflicto armado, aunque su libertad también estará condicionada por el
respeto al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos. Asimismo,
los agentes del Estado no podrán ser beneficiados de la amnistía si cometieron
delitos de lesa humanidad.
En este sentido, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia,
general Juan Pablo Rodríguez Barragán, ha agradecido en un vídeo distribuido
por el senador Armando Benedetti que la cámara «haya considerado esta ley tan
importante para los miembros de la Fuerza Pública».
A él se ha unido el ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, quien hizo hincapié en que la nueva ley es un «instrumento que le da
solución a la situación jurídica de los agentes del Estado, especialmente a los
miembros de la Fuerza Pública, que por cuenta del conflicto, cometieron fallas
y delitos».
En lo referente al narcotráfico, el ministro de Justicia,
Jorge Eduardo Londoño, ha detallado que cada caso particular tendrá que ser
estudiado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el tribunal especial
para la paz, organismos también acordados en las negociaciones. Sin embargo,
aclaró que «jamás será conexo el delito de narcotráfico si se llevó a cabo con
fines personales».
Pese a que todavía no hay una lista clara acerca de cuantos
miembros de las FARC se verán beneficiados por esta ley, se estima que serán
unos 6.000 guerrilleros que fueron procesados por los delitos políticos
relacionados con la rebelión, asonada y conspiración, entre otros.