Medidas para frenar el uso de la contratación temporal
irregular, incluidas sanciones, aplicar la «mochila austriaca» o revisar los
estímulos a la contratación. Son recomendaciones incluidas en el documento que
han elaborado destacados expertos del mundo del derecho del Trabajo bajo el
paraguas de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa
(FIDE).
Magistrados, abogados laboralistas, inspectores de Trabajo y
responsables de recursos humanos de la principales empresas del país alertan
sobre algunas disfunciones del mercado de trabajo, aunque respaldan los pilares
de la reforma laboral de 2012. Una norma que los partidos de izquierda ponen en
cuestión, pero que ha permitido recuperar más de un millón de empleos desde la
crisis y recortar el paro desde tasas cercanas al 26% hasta el 18,9%.
Los firmantes de documento «Por un nuevo marco legislativo
laboral» abogan por un gran pacto político para acometer nuevos cambios. «La
necesidad de una regulación legal -afirma- no se plantea como otra reforma
laboral más, vinculada a determinada opción política y ligada a su suerte en
cada cambio de legislatura o en cada cambio de color político del gobierno».
Explican que en ese pacto legal los interlocutores sociales «han de asumir el
papel protagonista, prioritario para la eficacia de la ordenación legal».
Respecto a los contratos temporales señalan que la ley debe
asegurar fórmulas causales en atención a las necesidades coyunturales de las
empresas, y de los contratos formativos, eliminando los fórmulas de carácter
temporal, «acausal, precarias, inciertas y de coste no precisamente inferior al
que resultaría del devenir tradicional que espera a un contrato indefinido».
Refleja el documento que «ni la estacionalidad ni la especialización productiva
española justifican el alto número de contratos temporales, de muy escasa
duración en un elevado porcentaje, ni el uso abusivo de encadenamiento de
contratos».
El trabajo ha sido coordinado por María Emilia Casas,
expresidenta del Tribunal Constitucional y entre los que lo rubrican hay
magistrados (Jordi Agustí Juliá, Ricardo Bodas, Fernando Salinas, Fernando
Valdés o Rosa María Virolés); abogados laboralistas (Carlos de la Torre García,
de Baker & Mckenzie, Román Gil, de Sagardoy Abogados y Fernando Moreno,
consejero de Arinsa); responsables laborales de empresas como El Corte Inglés,
Iberia, Correos, Seat o Bankia. También han participado técnicos de la CEOE,
UGT y CC.OO.
Los expertos destacan la «incoherencia» que provoca la
contratación temporal en el sector público, a la vez que avisan de la falta de
eficacia que han tenido los incentivos a la contratación estable. «Los
estímulos a la estabilidad contractual son inadecuados, están mal repartidos y
funcionan mal». Duro es su mensaje sobre la contratas y subcontratas, incluidas
las que realizan las multinacionales. Afirman que la regulación de este tipo de
trabajo «ha de basarse en razones de especialización productiva, evitando su
utilización como mecanismo de 'dumping' social».
Negociación
colectiva
Sostienen que una herramienta útil para acabar con el uso
excesivo de la contratación temporal es la negociación colectiva mediante la
fijación de un número o proporción de contratos temporales y la concreción de
las causas legales. Y, en este sentido, se considera prioritaria la
recuperación de la autonomía de la negociación colectiva, con la finalidad de
que mantenga altos índices de cobertura de las condiciones de trabajo, con
potenciación de los acuerdos marco.
Su conclusión es que el alto grado de «temporalidad y
rotación irregulares» tiene «consecuencias perjudiciales» para la calidad del
trabajo, la formación y los derechos de los trabajadores, así como para la
mejora de la productividad y competitividad de la economía y de las empresas.
Los autores del informe también realizan recomendaciones respecto
al despido. Aseguran que siempre debe estar bajo el control judicial y piden
que la ley clarifique los supuestos de nulidad, más allá de los lesivos de
derechos fundamentales de los trabajadores. No cuestionan las medidas incluidas
en la reforma laboral, como la supresión de la autorización administrativa
previa para las extinciones colectivas, sí exigen un papel más activo de la
Administración en las extinciones colectivas asesorando a las partes o tratando
de evitar nulidades formales en los despidos.
Es mayoritaria la defensa de la «mochila austriaca» como
fórmula de indemnizaciones por despido. Una fórmula que aplica Austria, un país
con un 5,9% de paro, y que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos. La principal
ventaja de esta fórmula es que introduce mayor movilidad y flexibilidad en el
mercado laboral y exime a las empresas de tener que hacer de golpe fuertes
desembolsos por despido.
Los expertos también se manifiestan en contra de la «enmienda
Telefónica», que obliga a las empresas con beneficios que realicen un despido
colectivo de mayores de 50 años a realizar aportaciones al Tesoro. Entienden
que «debe revisarse por producir, en algún caso, efectos contrarios a los
deseados».
Flexibilidad
interna
Y también alzan la voz para reclamar ayudas para la
conciliación de la vida laboral y familiar en un momento en el que el Ejecutivo
ha pedido un gran pacto para que la jornada termine a las seis. Dicen que las
medidas de flexibilidad interna deben permitir la adaptación de las condiciones
de trabajo a la realidad de las empresas (flexibilidad y competitividad), pero
también a las necesidades de conciliación de los trabajadores.