El Ejecutivo revisa
su plan ante el rechazo de la banca y diseña un mecanismo que se aprobará por
decreto
El Gobierno ideó un código de buenas prácticas para acelerar
la devolución de lo que los bancos cobraron irregularmente con cláusulas suelo
abusivas en las hipotecas. El PSOE no le dio su apoyo por considerarlo complaciente
con las entidades financieras y estas lo rechazaron al calificarlo de
inasumible. El Ejecutivo popular, según ha podido saber ABC, ha descartado ya
ese protocolo de adhesión voluntaria y su plan ahora es aprobar un
procedimiento extrajudicial vía real decreto, lo que en el fondo implica la
obligatoriedad de su cumplimiento. Aunque, eso sí, quizá dé más margen a la
banca para negociar con sus clientes.
Al igual que estaba previsto hacer en el citado código, el
procedimiento fijará los plazos y las garantías que regularán la devolución. El
objetivo sigue siendo, según el Ministerio de Economía, resolver con celeridad
las reclamaciones y reducir la litigiosidad. En todo caso, la letra pequeña de
ese procedimiento todavía se está estudiando, no solo en Economía sino también
en el Ministerio de Justicia.
La intención del gabinete dirigido por Luis de Guindos era
aprobar el código voluntario como anexo a un real decreto en Consejo de
Ministros del pasado viernes. Sin embargo no logró el apoyo del PSOE, que
reclamaba una normativa más exigente con la banca y que, además, se aprobase
como proyecto de ley. Por eso, y hasta lograr el respaldo parlamentario
necesario, el Gobierno pospuso su aprobación a la próxima reunión
interministerial, que se celebrará el próximo 13 de enero, fecha que se
mantiene en la agenda.
Ahora bien, y según fuentes financieras, la revisión de esos
planes iniciales responde además a que el código ideado por el Ejecutivo se
encontró con el rechazo frontal del sector financiero, que inicialmente, sin
embargo, había manifestado en privado su voluntad de asumirlo. Las entidades
consideraban que el código, pese a su supuesta voluntariedad, les obligaba a
declarar automáticamente abusivos y nulos todos sus contratos y devolver todo
el dinero, y les impedía valorar y negociar cada caso particular y defender sus
intereses y los de sus accionistas.
Críticas de la banca
Fuentes de un grupo bancario salpicado por las cláusulas
suelo explican a este diario que la banca hizo ver a Economía que el código
tenía un carácter coercitivo que limitaba la libertad de empresa,
fundamentalmente por cuanto, según la versión de las entidades, sustraía el
legítimo derecho a acudir a los tribunales y perjudicaba a los accionistas de
los bancos.
Uno de los puntos de disputa es si la adhesión de los bancos
a ese código es realmente voluntario. Según fuentes financieras, el Ejecutivo
planteó que, una vez publicado el real decreto, todos los bancos quedasen
adheridos automáticamente al código, y si lo rechazaban dispondrían de un plazo
de un mes para anunciar su salida del plan, obligándoles a retratarse en
público.
En esa línea, las entidades aseguran que los términos del
código les obligaban a declarar como irregulares todas esas cláusulas y, por
tanto, a resarcir a los clientes automáticamente, dejándoles sin margen para
negociar con estos. Desde el sector recuerdan que el código de buenas prácticas
en materia de desahucios de 2012 era más flexible porque da más margen a bancos
e hipotecados para pactar una solución.
Impedimentos legales
a la obligatoriedad
El Gobierno es consciente de que, por muy obligatorio que
sea el procedimiento que se acabe estableciendo por real decreto, no puede
imponer una devolución generalizada de ese dinero. Tanto los ministros de Economía
y Justicia como el presidente del Gobierno han dicho en público que, a pesar de
que querer acelerar la devolución y reducir la litigiosidad, este es un asunto
relativo a la relación privada y personal de las entidades con sus clientes.
Por tanto, la fórmula que se estaría estudiando ahora,
apuntan las fuentes, es una planteada desde Justicia, y que pasaría por que el
cliente afectado debería hacer una primera reclamación a su banco —a resolver
por este— antes de acudir a los tribunales en caso de que la entidad responda
de forma negativa. Por tanto, los plazos y garantías que fije el procedimiento
se referirían a condiciones que favorezcan esas negociaciones como alternativa
a los tribunales en una suerte de arbitraje interno.
Primeras
reclamaciones
El procedimiento también permitiría a la banca devolver esas
cuantías como una reducción de los intereses y el principal pendiente por
abonar, y no como un pago en efectivo en el momento, lo que le permitiría
prorratear el impacto de ese reintegro en las cuentas.
A la espera de que el Gobierno fije ese proceso, y tras
conocerse el dictamen de la Justicia europea, las entidades han empezado a
registrar ya numerosas consultas e incluso reclamaciones. Solo en Asturias,
siete bancos han recibido 3.130 reclamaciones extrajudiciales por 22 millones
de euros a resolver en 15 días.