Dudas Sobre El Apoyo De Trump A Que Puerto Rico Entre En La Unión


La isla podría celebrar en mayo un referéndum en el que vencería el deseo de ser un estado más de EE.UU.

El nuevo gobernador puertorriqueño ha impulsado medidas para reforzar el débil bilingüismo

El propósito de Trump de reforzar las fronteras se ve con suspicacia desde el Estado Libre Asociado


La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca tiene desconcertados a los dirigentes de Puerto Rico, que preveían aprovechar los próximos años para resolver el estatus de la isla. En mayo podría celebrarse un referéndum que debería despejar el futuro de Puerto Rico: si solicita integrarse en la Unión como un estado más, mejora su condición de estado asociado o se independiza completamente.

Dadas las incógnitas que existen sobre las políticas que emprenderá Trump, en Puerto Rico no saben muy bien a qué atenerse. Trump no ha dicho nada negativo de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos —al fin y al cabo tienen la ciudadanía por nacimiento, no como los inmigrantes mexicanos—, pero el propósito del nuevo presidente de reforzar las fronteras se ve con suspicacia desde el Caribe.

Trump fue elegido sin casi apoyos entre la clase política de este Estado Libre Asociado, que es dominio estadounidense no incorporado a la federación. Los habitantes de Puerto Rico pueden votar en las primarias, pero no en las presidenciales, derecho que sí tienen los puertorriqueños residentes en suelo federal estadounidense.

En la etapa de las primarias, las simpatías fueron para Jeb Bush; cuando este se retiró, los votos fueron para Marco Rubio. Trump no estuvo ningún día de campaña en la isla. Tampoco tiene negocios en ella; solo aceptó dar su nombre a un club de golf, a cambio de un porcentaje en las ganancias, pero el club entró en quiebra en 2015.

Un gobernador anti Trump
El mismo día que Trump ganó las elecciones, en Puerto Rico fue elegido para gobernador Ricardo Rosselló, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Aunque esta formación más bien se alinea con los republicanos de EE.UU. —como el Partido Popular Democrático (PPD) lo hace con los demócratas—, Rosselló forma parte de una facción que estuvo apoyando a Hillary Clinton.

El nuevo gobernador (hijo de Pedro Rosselló, que ocupó ese mismo puesto entre 1992 y 2000, coincidiendo con Bill Clinton en la Casa Blanca) hizo de la promesa de meter a Puerto Rico en la Unión —la «estadidad»— su principal mensaje de campaña. El día 2 de enero tomó posesión del cargo y renovó su compromiso.

«Durante todo el proceso electoral, Trump no mostró ningún interés en expresarse sobre políticas que afectaban a Puerto Rico», dice Charlie Hernández, destacado dirigente del opositor PPD. «Su triunfo es un dolor de cabeza para los que aspiran a la estadidad».

Sin compromiso
En realidad, Trump sí que habló de algunas cuestiones, pero no se salió del guión que siguen la mayoría de políticos de Washington. «Hay 3,7 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico», dijo, en referencia a la ciudadanía que desde 1917 se concede a todos los habitantes de la isla, y «como ciudadanos deberían tener derecho a determinar por sí mismos su estatus político; merecen un proceso de autodeterminación que les dé una opción justa y sin ambigüedades sobre este asunto». Dio a entender que, de aprobarse la estadidad, la apoyaría, aunque no manifestó gran compromiso.

En 2012 hubo un referéndum en el que ganó integrarse en EE.UU., pero su lectura era confusa si se tenían en cuenta los votos en blanco
Puerto Rico ya celebró un último referéndum en 2012, pero el mandato fue algo confuso, pues si bien ganó la opción de la estadidad, esta quedó por debajo del 50 por ciento contando los votos en blanco, lo que dio argumentos para cada bando. El poco interés de EE.UU. por resolver una situación en muchos aspectos colonial (por ejemplo, Puerto Rico no vota a su presidente, que es quien reside en la Casa Blanca, ni tiene voto en el Congreso estadounidense, aunque muchas de sus leyes se aplican en el territorio) ha prolongado la actual situación.

Beneficiados de su relación con la mayor economía del mundo (aunque también perjudicados por la dependencia de subvenciones y por aspectos como la Ley de Cabotaje, que obliga a los barcos que transportan mercancía a la isla sean de tripulación, bandera y fabricación estadounidense), los puertorriqueños apenas apuestan por la completa independencia. En las últimas elecciones a gobernador, la opción independentista, generalmente empañada por el izquierdismo de sus proponentes, quedó en quinto lugar, con un 2,1 por ciento de los votos. En el pasado, el independentismo estuvo detrás de algunas acciones terroristas, como las protagonizadas por Óscar López Rivera, de las extintas Fuerzas Armadsa de Liberación Nacional (FALN), a quien Obama indultó la semana pasada tras 35 años en prisión.

Es el momento
«Está llegando el momento de una definición definitiva», considera el analista Domingo Emanuelli. Estima que en un referéndum nítido, como el que el PNP está promoviendo para finales de mayo, la estadidad ganará. El Gobierno estadounidense debiera entonces pronunciarse también con claridad. «Trump no es alguien diplomático, así que el asunto debiera resolverse. Si no nos dan la estadidad, que entonces nos den la independencia, pero que no nos dejen en el limbo en el que estamos», afirma Emanuelli.

La negativa de Trump a un rescate federal de la elevada deuda de Puerto Rico y su propósito proteccionista de consolidación nacional —el «América, primero»—, hacen difícil que la nueva Administración promueva la estadidad. Pero la posibilidad de que el mundo vuelva a esquemas de confrontación como el de la Guerra Fría recupera el valor estratégico que Puerto Rico siempre tuvo y complica la alternativa de la independencia.

Charlie Hernández ve mucho más realista una opción intermedia: que Puerto Rico se constituya en estado soberano y luego forme una asociación con EE.UU. Pero critica que el referéndum que promueve el nuevo gobernador quiera plantear una disyuntiva entre dos opciones, sin incluir una tercera vía.

Un bilingüismo inestable 
Una de las habituales advertencias de las elites de Washington es que una integración de Puerto Rico en Estados Unidos debiera suponer una mayor presencia del inglés en la isla. Español e inglés son los dos idiomas oficiales, pero en realidad no hay una situación de bilingüismo. Uno de los últimos censos poblaciones, indicaba que sólo el 15 por ciento hablaba inglés con fluidez y que el 72 por ciento lo hablaba «menos que bien».

Para corregir esa situación, entre las primeras medidas tomadas por el nuevo gobernador, Ricardo Rosselló, se encuentra una orden ejecutiva para reforzar el bilingüismo en los distintos niveles de enseñanza (un programa que históricamente ha tenido sus vaivenes).


El analista Domingo Emanuelli reconoce el apego de los puertorriqueños hacia el español, pero apunta que en caso de la estadidad, opción que él defiende, habría un periodo de adaptación. Recuerda que también en Hawai o Nuevo México hubo periodos de transición, en los que, más allá del marco oficial, los ciudadanos determinaron el uso social de las lenguas.