Los que hayan cotizado 36 años y tres meses o más podrán
seguir retirándose con el cien por cien de la prestación a los 65 años
El nuevo año traerá cambios en las cuantías y nuevas reglas
para aquel que quiera jubilarse durante 2017. Los 8,5 millones de pensionistas
que hay en España tendrán desde el pasado 1 de enero, y por cuarto año
consecutivo, una subida del 0,25% en sus prestaciones.
Así, para una pensión de 1.000 euros el incremento será de
2,5 euros mensuales. Y para una renta mínima de 600 euros, el alza será de 1,5
euros. Los pensionistas tampoco tendrán la paga para compensar la desviación
del IPC, que solía ser habitual en los años previos a la crisis. La nueva ley
no prevé la compensación por la desviación de precios.
Menos poder
adquisitivo
Con los precios de la energía al alza, por el encarecimiento
del petróleo, las previsiones de inflación se sitúan muy por encima del 0,25%
de aumento de las pensiones, por lo que los pensionistas perderán poder
adquisitivo. De hecho, el Banco de España advirtió recientemente que la
inflación puede dispararse hasta el 2% en los primeros meses de 2017. El último
registro del IPC, de diciembre, fue del 1,5%.
Desterrada definitivamente la referencia de la inflación
para subir las pensiones, desde 2016 se aplica el denominado Índice de
Revalorización de las Pensiones, un complejo indicador que tiene en cuenta
factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución (la
diferencia entre las pensiones que causan baja y las nuevas que entran en el
sistema), el número de pensiones, los ingresos contributivos y el gasto en
pensiones.
El objetivo es que la revalorización sea compatible con el
equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo. Es decir, que periodos de
crisis se compensarían con periodos de expansión de la actividad económica.
Esta fórmula tiene dos límites: la revalorización mínima garantizada del 0,25%
anual para evitar que en las malas épocas, como la actual, las pensiones bajen
y una subida máxima del IPC más el 0,5% que se aplicará en épocas de bonanza
económica. Para una pensión de 1.000 euros el incremento será de 2,5 euros
mensuales. Y para la pensión mínima de jubilación, de 600 euros, el alza será
de 1,5 euros. Con este aumento la nómina máxima que puede recibir un
pensionista queda en 2.573 euros al mes, y la mínima, en 637,7 euros.
La «hucha», en
mínimos
Las pensiones volverán a ser este año la partida de gasto
más elevada del Presupuesto del Estado en un año en el que al Fondo de Reserva
ya no le quedan fondos para pagar dos nóminas de pensiones. Solo en 2016 la
Seguridad Social tuvo que retirar 19.200 millones de la «hucha». Desde 2012,
año en el que Mariano Rajoy se vio obligado a romper por primera vez esta
hucha, el total dispuesto ha sido de 50.000 millones.
Mientras, la reforma de pensiones sigue su curso. La llegada
del nuevo año traerá también un nuevo cambio en los requisitos para acceder a
la jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones, que desde 2013 está
obligando a los españoles a trabajar más años y cobrar menos como fórmulas para
sostener la Seguridad Social, que sigue intentando recuperarse de una crisis
que se dejó en el camino a 3,7 millones de cotizantes.
La norma retrasa progresivamente la edad de retiro de los
trabajadores españoles hasta los 67 años en 2027. Así, quienes quieran
jubilarse a lo largo de 2017 con el 100% de la pensión que les pudiera
corresponder, deberán tener ya cumplidos los 65 años y cinco meses. Hasta 2018,
la edad de jubilación se incrementará un mes por cada ejercicio, para a partir
de esa fecha aumentar en dos meses cada año hasta 2027.
Retrasar la edad jubilación tiene sus ventajas para el
sistema público. Por un lado, permite disponer de más población activa que, por
un lado, financie las pensiones, y por otro, retrasar el cobro de la pensión.
Es decir, si un trabajador sigue activo hasta los 67 años, son dos años más que
sigue aportando, pero no consumiendo pensiones.
Pero este retraso en el acceso a la jubilación tiene sus
excepciones. Quienes ya acumulan una larga vida laboral podrán seguir
retirándose con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan
cotizados 36 años y tres meses o más. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo
en tres meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 deberá
contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses. La generación que
se está jubilando ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula
muchos años de aportaciones al sistema. Más problemas para saltar este listón
tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar y con
sueldos más bajos, y las mujeres con lagunas en su cotización.
En 2017 también cambiarán los años que se tienen en cuenta
para calcular la pensión, que ese año quedará fijado en 20 años. Desde 2013 se
abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo
de cotización exigido para calcular la pensión pasará de forma progresiva desde
los 15 años a los 25 años. A cada ejercicio, a contar desde 2013, se le va
sumando un año hasta completar los citados 25 años en 2022.
El nuevo año también traerá cambios en los requisitos para
acceder a la jubilación anticipada voluntaria. La norma retrasa hasta los 63
años y cinco meses la edad para acceder a esta fórmula de retiro, que en
paralelo a la legal de retiro podrá realizarse dos años antes también hasta
2027, cuando quedará establecida en 65 años.
Además, para acceder a esta modalidad son necesarios al
menos 35 años de cotización, y por cada trimestre de adelanto respecto a la
edad oficial de jubilación la pensión sufrirá una penalización progresiva que
irá desde el 2% de la base reguladora, si se han cotizado menos de 38,5 años,
hasta el 1,625% si se superan los 44,5 años cotizados.
En el caso de jubilación forzosa, podrá realizarse hasta
cuatro años antes de la edad legal de retiro —en 2016, a los 61 años y cinco
meses— y son necesarios 33 años de cotización como mínimo y la penalización irá
desde el 1,875% por trimestre adelantado para menos de 38,5 años cotizados,
hasta el 1,5% para más de 44,5 años cotizados. La edad de retiro voluntario
será de 63 años y cinco meses y la forzosa de 61 años y cinco meses.
La ley de actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social fue acordada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero
con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT en febrero de
2011. La ley fue aprobada definitivamente en agosto de 2011, cuando algunas de
sus disposiciones entraron en vigor, y otras en enero de 2012, si bien la
puesta en marcha del grueso de la reforma, como la subida de la edad de
jubilación, se estableció en el 1 de enero de 2013, con el Gobierno de Rajoy.
Hoy, la Seguridad Social está atravesando por un momento de
especial dificultad teniendo en cuenta que las jubilaciones aumentan a mucho
mayor ritmo que los ingresos. La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo
busca desde finales del pasado año fórmulas que permitan devolver el equilibrio
financiero al sistema de Seguridad Social, ahora muy dañado, con un déficit que
rozará en 2016 los 19.000 millones de euros, el 1,7% del PIB. Para este
ejercicio, sin embargo, la previsión es que el desfase del sistema disminuya en
algo más de 3.000 millones, hasta el 1,4% del PIB.
Medidas en abril
Medidas como que las pensiones de viudedad y orfandad pasen
a financiarse con impuestos —ahorraría 25.000 millones a las arcas del sistema—
o destopar la pensión máxima son opciones que están sobre la mesa de sus
señorías. Sus conclusiones serán enviadas al Congreso en torno al mes de abril.