Esta cifra, incluidas en las estimaciones de oferta de
empleo público para este ejercicio que maneja el Gobierno, se deriva de la
continuidad de la tasa de reposición del 100% que se aplicó el año pasado en
estos ámbitos. El director de Función Pública, Javier Pérez, se reunió la
semana pasada con representantes de los principales sindicatos (CC.OO., CSIF y
UGT) de los funcionarios y propuso continuar las tasas de reposición que se
aprobaron en los Presupuestos de 2016. Estas tasas de sustitución de bajas eran
del 100% para los servicios prioritarios -sanidad, educación, justicia, fuerzas
de seguridad, lucha contra el fraude fiscal y servicios sociales- y del 50%
para el resto. Este año la oferta de empleo público que prevé el Gobierno será
mayor que la del año pasado: en 2016 se convocaron 13.427 plazas de nuevo
ingreso en la Administración General del Estado que ascienden a 19.121 si se
añaden las de promoción interna.
Conversión de
interinos
A estas plazas se le añaden la convocatoria extraordinaria
que el Ejecutivo hará para convertir a interinos en fijos. El objetivo es
rebajar la tasa de temporalidad pública del 25% al 10% en unos años, según
apuntan fuentes sindicales presentes en la reunión con Hacienda la semana
pasada. CC.OO. calcula que hay que convertir a indefinidos a 360.000 interinos.
Estas 19.000 plazas están en el aire según el escenario que
enfrente el proyecto de Presupuestos que el Gobierno presentará a finales de
este mes. El Ministerio de Hacienda liga la oferta de empleo público -y el
posible aumento de sueldos públicos que se negocie- a que haya nuevas cuentas
públicas. Sin embargo, el presidente de CSIF, Miguel Borra, señaló ayer lo
contrario. «Hemos hablado con abogados del Estado y nos dicen que si no hubiera
presupuestos se podría convocar la oferta de empleo público por real decreto»,
apuntó Borra. El PSOE coincide en esta tesis y pide al Ejecutivo que apruebe un
decreto con la oferta de empleo público y la subida de sueldos del
funcionariado. El PP prometió el pasado verano subir un 1% los salarios de los
empleados públicos.
Expertos consultados señalan que el Gobierno podría aprobar
una oferta de empleo público por real decreto, pero que esta debería ser
manteniendo las tasas de reposición de l ejercicio anterior. Esta tesis se
traslada también a la subida de sueldo de los empleados públicos.
Como fuere, desde algunas comunidades autónomas dudan que
puedan convocar por su cuenta ofertas de empleo público para sanidad y
educación sin que haya Presupuestos aprobados. Sin cuentas actualizadas, las
comunidades autónomas no tienen la cifra de ingresos que les corresponden por
el reparto del sistema de financiación y solo tienen las entregas a cuenta
prorrogadas del año pasado que les ha facilitado el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, temen que el Estado pueda recurrir sus ofertas de
empleo judicialmente si no se ajustan a lo que el Ejecutivo apruebe. En la
memoria está lo que ocurrió en 2012, cuando la Junta de Andalucía tuvo que
suspender unas oposiciones y devolver las tasas abonadas a 33.000 opositores
porque sacó una oferta superior a la aprobada por el Gobierno. Entonces el
Ejecutivo lo recurrió ante el Tribunal Constitucional.
«Ahora comunidades fuertes como Andalucía, Madrid, País
Vasco o Cataluña han retado al Gobierno anunciando que convocarán sus ofertas
de empleo con o sin Presupuestos. Pero otras como Extremadura, Castilla-La
Mancha, Castilla y León o La Rioja han decidido pararlas. Entre jubilados e
interinos que hay que convertir a fijos, este año está en juego que convoquen
100.000 plazas de docentes», describe el presidente de Educación de CSIF, Mario
Gutiérrez. Por ello, la convocatoria de empleo público autonómico está casi
congelada a la espera de que haya nuevas cuentas.
Envejecimiento de
plantillas
Mientras tanto, CSIF denunció ayer el envejecimiento de las
plantillas públicas ante la incertidumbre de si se cubrirán las jubilaciones de
los empleados públicos. El sindicato presentó un informe en el que denuncian
que la plantilla pública del Estado ha mermado desde 2010 en un 80% su
«cantera» de empleados jóvenes menores de 30 años. De esta forma, según los
datos de CSIF quedan 1.338 jóvenes en una plantilla de 190.858 empleados de
ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad: es decir, un
0,7% del total. Los datos de CSIF arrojan que solo hay un joven en Patrimonio
Nacional de una plantilla de 1.290 personas o que en el Ministerio Fomento hay
cuatro de 5.014 empleados. Más de 28.000 empleados públicos del Estado tienen
más de 60 años y se jubilarán en el próximo lustro.