Un magistrado de la
corte federal de Hawai se había comprometido a fallar sobre la orden
presidencial
Un juez federal de
Hawai ha vuelto a bloquear temporalmente el nuevo veto migratorio del
presidente, Donald Trump, horas antes de su entrada en vigor prevista para la
medianoche de este jueves. Para ello, ha emitido este miércoles una orden
bloqueando la orden ejecutiva aprobada el 6 de marzo por el presidente
estadounidense, Donald Trump, por la que se veta la entrada en Estados Unidos a
los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana y se restringe drásticamente
el número de refugiados que acepta el país cada año.
El fallo es la segunda derrota para el decreto migratorio de
Trump, después de que un tribunal federal de Seattle bloqueara la primera
versión del mismo en febrero. En respuesta, el mandatario cargó duramente
contra la Justicia, si bien abandonó finalmente el proyecto.
El segundo veto migratorio fue aprobado unas semanas
después, con la retirada de algunos de los elementos más controvertidos, y
excluyendo de la lista de países a Irak. En el segundo documento figuran como
países vetados Somalia, Irán, Siria, Sudán, Libia y Yemen.
Sin embargo, los estados gobernados por el Partido Demócrata
y varias organizaciones civiles acudieron a los tribunales afirmando que el
nuevo documento era una versión similar al anterior.
Los abogados del Gobierno han argumentado que Trump estaba
ejerciendo sus poderes de seguridad, resaltando que no había nada en la orden,
tal y como estaba escrita, que implicara un filtro para los viajeros a causa de
su religión.
El veto migratorio original causó escena de caos en los
aeropuertos del país debido a que fue emitido un viernes por la tarde y no
hacía distinción entre aquellas personas con 'tarjeta verde' y las que no
tenían este documento, dejando a miles de personas bloqueadas en las fronteras.
El Departamento de
Justicia, en contra
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha expresado
este miércoles su «total desacuerdo» con la decisión de bloquear la orden
ejecutiva aprobada el 6 de marzo por Trump.
Sarah Isgur Flores, portavoz del Departamento, ha sostenido
que el fallo «tiene defectos tanto en el razonamiento como en el alcance»,
resaltando que la orden ejecutiva «recae totalmente en la autoridad legal (del
presidente) para proteger la seguridad de la nación». Asimismo, ha adelantado
que «el Departamento de Justicia continuará defendiendo esta orden ejecutiva en
los tribunales», según ha informado el diario estadounidense The Washington
Post.
Poco antes, el propio Trump afirmó que el fallo judicial
suponía «una extralimitación judicial sin precedentes», agregando que el mismo
ha estado motivado por «razones políticas». «La orden (...) bloqueada era una
versión suavizada de la primera orden, que fue también bloqueada por otro juez
y que no debió ser bloqueada, para empezar», manifestó el mandatario, quien ha
reconocido que espera ser «criticado por hablar con dureza sobre los tribunales
estadounidenses».
Por último, subrayó que «la ley y la Constitución dan al
presidente el poder de suspender la inmigración cuando lo considere (...) si va
a favor del interés nacional», añadiendo que el fallo «hace parecer débil» a
Estados Unidos.