La Seguridad Social
se ha convertido en el farolillo rojo de las finanzas públicas. El pasado año
se anotó el mayor déficit en sus cuentas de toda su historia, casi 19.000
millones de euros que equivalen al 1,7% del PIB, según las previsiones de
liquidación. Fuente ABC
El grueso del déficit (45,3%) se atribuye al régimen
general, el más importante, aunque si se tiene en cuenta el número de afiliados
no es el que presenta el mayor desequilibrio. A finales de 2016 había en España
17.679.170 afiliados, de los que 13.199.084 están en el régimen general. Su
déficit ascendió a 8.400 millones. Más llamativa es la relación que existe
entre afiliados y déficit en regímenes como el agrario, el del mar o el de la
minería del carbón (ver gráfico superior). El régimen de autónomos cerró el
ejercicio con 1.310 millones de euros y a final de 2016 rozaba los 3 millones
de afiliados.
Los datos de déficit de la Seguridad Social, en los que no
incluyen las cuentas del desempleo ni las del Fogasa, reflejan que el sistema
público de pensiones atraviesa por un momento de especial dificultad, teniendo
en cuenta que las jubilaciones aumentan a mucho mayor ritmo que los ingresos. Y
ello pese a que el empleo crece con fuerza, prácticamente al mismo nivel del
PIB.
Esta compleja situación de las finanzas de las pensiones se
explica por varias razones. Por un lado, los perceptores que se incorporan al
sistema lo hacen con pensiones más altas -la pensión de jubilación está en 1.200
euros-debido a que han cotizado por sueldos altos. A ello se une que el número
de personas con derecho a recibir una pensión está creciendo a ritmos
superiores al 1%. Y, por último, hay que tener en cuenta que parte de las
contribuciones al sistema se realizan por trabajadores que tienen sueldos más
bajos, fruto de jornadas a tiempo parcial o contratos temporales. Y, en
consecuencia, sus cotizaciones son inferiores a las realizadas por los que
ahora se jubilan. Ello es debido, en buena parte, a la moderación salarial que,
por otro lado, ha permitido ganancias de competitividad de la economía y
recuperación de empleo.
Y dado que los ingresos del sistema por cotizaciones siguen
siendo insuficientes por sí solos para pagar las pensiones, el recurso alFondo de
Reserva ha sido constante. Solo en 2016 la Seguridad Social tuvo que retirar
19.200 millones de la «hucha» y si se analiza desde 2012, el año que el
Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a romper por primera vez esa «hucha»,
el total dispuesto ha sido de 50.000 millones, una cantidad que se ha destinado
a pagar las extras de verano y de Navidad.
La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo busca desde
finales del pasado año fórmulas que permitan devolver el equilibrio financiero
al sistema en una año en el que el pago de las pensiones públicas volverá a
representar la mayor partida de gasto del Estado durante este ejercicio.
Como ya informó este periódico, el desembolso rozará este
año los 140.000 millones. Aunque desde 2014 la cifra de revalorización anual ha
sido la mínima fijada en la Ley, el 0,25%, el crecimiento anual del gasto en
pensiones ha superado el 3%, lo que provocará que la Seguridad Social tenga
este año pagos récord.
Mientras la comisión parlamentaria del Congreso busca
soluciones financieras para la Seguridad Social, el Gobierno ha propuesto a
sindicatos y empresarios en las mesas abiertas sobre la reforma de las
pensiones «destopar» bases y pensiones máximas entre un 2% o 2,5%. El objetivo
expresado por el Gobierno a los agentes sociales es mantener la contributividad
de la pensión de jubilación.
Más contributividad
En estos momentos hay más de 1,2 millones de trabajadores
que cotizan por las bases máximas, pero en muchos casos sus salarios reales son
más elevados que el tope de cotización, lo que provoca que la Seguridad Social
deje de ingresar importantes recursos por esta vía. La clave para justificar la
adopción de esta medida está en un dato que proporciona la Seguridad Social: la
correlación entre «contributividad» y solidaridad en la pensión máxima es de un
80/20. Esto quiere decir que con el 80% de lo aportado por los cotizantes de
bases máximas se costea su pensión y el 20% restante se destina a pagar las
prestaciones de otros de forma solidaria. Esta proporción es la más baja
registrada nunca.