Un informe denuncia
tres posibles casos de canibalismo y diez muertes por inanición
Las cárceles y
comisarías o calabozos policiales de Venezuela viven el drama de la falta de
comida y medicamentos con más rigor y angustia que el resto de los venezolanos,
hasta el extremo de que podrían haberse dado tres casos de canibalismo y diez
de muerte por hambre. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP), presentó ayer su informe anual 2016 en el que
destaca, por primera vez en el país, que los presos se están muriendo por
desnutrición, al tiempo que acusa al régimen de Nicolás Maduro de ser el
responsable del infierno carcelario.
La radiografía que presenta Prado de los penales y centros
de reclusión es aterradora y espeluznante. La situación es peor en los
calabozos o comisarías policiales -donde se mantiene a los detenidos de forma
indefinida antes de ir a juicio- que en las cárceles comunes. En los calabozos
policiales o de detención preventiva hay presos que llevan cuatro años tras las
rejas esperando juicio. Su capacidad es de 8.000 detenidos pero su población es
de 33.000 personas por lo que el hacinamiento es del 412%. El 72% de los
detenidos presenta sarna y un 18% afecciones pulmonares. Solo el 10% de los
mismos están en buen estado de salud. Las comisarías están dominadas por grupos
mafiosos que imponen su ley. «Al que se porte mal o robe la comida de un
compañero lo decapitan y se comen su cuerpo, frito o asado. Tres detenidos
fueron víctimas de canibalismo: dos en el estado Lara y uno en Táchira», afirmó
Prada.
La OVP registró también diez detenidos que murieron por
desnutrición. «En Venezuela no hay pena de muerte pero el hambre mata a los
presos si no se les da comida y eso es responsabilidad del Estado venezolano.
No es posible que un preso ingrese con 80 kilos y en poco tiempo pese 40
kilos», alerta Prado. La sobrepoblación en los calabozos policiales es «más de
10,3 veces el límite del hacinamiento crítico».
En cuanto a las 44 penitenciarías que existen en el país se
han convertido en depósitos con una población de 54.738 presos, de los cuales
39.012 están procesados y 15.293 penados. El 71% está a la espera de juicio con
mucha dilación procesal.
El peso de las
nóminas
Desde hace seis años existe un Ministerio de Prisiones,
dirigido por la ministra Iris Varela, a la que le han criticado su falta de
eficacia en resolver el problema carcelario. El presupuesto ministerial se va
en pagar la pesada nómina burocrática de 14 divisiones que no ayudan a mejorar
las condiciones de reclusión.
«Los presos se están comiendo un cable (no comen nada)»,
dice Prado. El presupuesto oficial para la comida de los presos es de 11,15
bolívares (0,01 céntimos de dólar) por día cuando se necesitan 32.000 bolívares
diarios, dice el director de la OVP. Las 44 cárceles comunes pueden ser de
régimen cerrado (militar) o privatizadas, que son la mayoría. Prado denuncia
también que el gobierno de Maduro ha entregado a los pranes (jefes de mafias)
las cárceles para que las gobiernen.