Ciudadanos consigue unanimidad para la ley que regula el
préstamo de textos. Las familias podrán ahorrar entre 250 y 300 euros por niño
y curso.
Una de las leyes más importantes de la legislatura está a
punto de entrar en la Asamblea, y hacerlo además por la puerta grande: con el
consenso de todos los grupos políticos. Es la ley que dotará a la región de un
sistema de préstamos gratuito de libros de texto, con la que los padres
ahorrarán entre 250 y 300 euros por niño y curso a partir de 2018.
La iniciativa es de Ciudadanos, y a ella se han unido, tras
introducir algunas modificaciones al texto inicial, todos los demás grupos
políticos madrileños.La nueva norma, que llegará a la Asamblea para su
aprobación en las primeras semanas de junio, podrán aplicársela las familias de
los más de 615.000 alumnos de enseñanza Primaria y Secundaria y de FP básica
que cursan estudios en colegios públicos o concertados de la Comunidad de
Madrid.
Programa de préstamo
de libros en un centro escolar palentino
Ciudadanos ha estado «tirando» de esta nueva ley desde el
principio: hace ahora un año, el 23 de junio de 2016, la norma era sometida a
la votación en la Asamblea para su toma en consideración, un primer paso en su
tramitación en que recibió el apoyo de PSOE y Podemos -aunque ambos propusieron
mejoras-, pero en la que el PP se abstuvo. Los populares no apoyaban entonces
la iniciativa, por considerarla «oportunista, publicitaria y electoralista»,
como señaló el diputado Bartolomé González.
El PP creía mejor continuar con el sistema que se aplicaba
hasta ahora: ayudas según el nivel de renta. La votación se saldó con 76 votos
a favor y 48 abstenciones.
Universal y
voluntaria
Doce meses después, se han introducido en la ponencia de la
ley algunas de las mejoras que exigían los grupos, y el PP ha decidido apoyarla
también. «Lo más importante es que la ley defiende los principios de
universalidad y voluntariedad», explica Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos
en la Asamblea de Madrid. Esto supone que la ley de gratuidad de los libros de
texto se podrá aplicar a cualquier alumno de centro sostenido con fondos
públicos de Primaria o Secundaria, y las familias que participen lo harán de
forma voluntaria, «y no obligatoria como ocurre en lugares como Navarra».
Los padres se inscriben en el programa, ceden los libros de
su hijo al acabar el curso y reciben gratis los del curso siguienteEs, añade,
un ejemplo de lo que la formación naranja considera «política útil»: una ley
con repercusión directa en la vida de las personas. María Teresa de la Iglesia
es la diputada de la formación naranja que ha llevado adelante la redacción,
defensa y tramitación de esta ley. Básicamente, el sistema que proponen
consiste en que los padres se inscriban en el programa, y al acabar el curso,
cedan los libros -en buenas condiciones de uso- a un banco de libros, para que
otra familia los pueda utilizar, mientras ellos reciben los del curso
siguiente, de forma gratuita. Únicamente, han de comprometerse a cuidar los
libros y devolverlos al final del año escolar.
Entre los cambios introducidos en la ley, están que se
aplique también a la FP básica, y que se incluya en el préstamo el material
curricular, además de ampliar el concepto a los libros en soportes digitales.
Clases medias
Cambios que, en todo caso, no afectan a la esencia de la
norma que propuso Ciudadanos, explica Aguado, que pone en valor que «antes las
ayudas se daban por niveles de renta, y eran muy pequeñas, casi residuales;
esta propuesta mira a las clases medias», recuerda.
El próximo mes, Ciudadanos elevará la ley al pleno de la
Asamblea. El próximo curso, 2017-2018, habrá campañas de comunicación para que
los padres y los colegios conozcan el funcionamiento del nuevo sistema, y
puedan inscribirse en el programa. Quienes lo hagan, deberán entregar los
libros de sus hijos al acabar el curso y recibirán gratis los del siguiente, el
2018-2019.
La Comunidad de Madrid deberá dotar presupuestariamente cada
año este programa, para cubrir los libros que se necesiten por deterioro o por
ser textos no reutilizables, cubriendo el cien por cien de la tasa de
reposición real. Aunque es difícil saber exactamente cuál será el coste de
poner en marcha esta ley de gratuidad de los libros de texto, Ignacio Aguado
calcula que podrían ser «unos 40 o 50 millones de euros en el arranque, y luego
bajará».