El Pleno apoyará una nueva medida para que las madres de los
hijos asesinados por sus padres también sean consideradas víctimas.
El Pacto Contra la Violencia de Género superará este jueves
el último obstáculo para que empiece a ser una realidad en el plazo de dos
meses. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará el texto que ha recibido
luz verde de la Subcomisión y de la Comisión de Igualdad, tras el consenso alcanzado
por la mayoría de los grupos, excepto Podemos, que se abstuvo el 28 de julio en
la votación de la Comisión. El Senado ya aprobó su documento el 13 de
septiembre.
El documento que llega al Pleno recoge 213 medidas, y a ella
se incorporará una nueva, tras el acuerdo de todos los partidos para presentar
un voto particular. Esta propuesta de última hora trata de paliar el error
cometido durante la negociación, al dejar fuera del primer texto la
consideración de víctimas de la violencia de género a las madres cuyos hijos
han sido asesinados por sus parejas o exparejas.
La justificación para esta propuesta es que «de las 44
menores asesinados en la última década por violencia de género, 26 lo fueron
durante el régimen de visitas o en el periodo de la custodia compartida
correspondiente al padre».
Violencia previa
A juicio de los socialistas, «la violencia machista contra
las mujeres cobra múltiples formas y, además, se desplaza hacia todo aquellos a
lo que la mujer está apegada. Particularmente preocupante son los casos en que
el violento transforma en objetos, para continuar el maltrato y la violencia, a
los hijos de las víctimas».
En el voto particular se recuerda que «las madres cuyos
hijos e hijas han sido asesinadas, en el marco de esa violencia, por sus
parejas y exparejas, no son consideradas legalmente víctimas directas de la
violencia de género, a pesar de que, en la mayoría de los casos analizados
durante la última década, la violencia mortal sobre los hijos fue el final de
una violencia previa sobre la madre».
Por ello, «dado que es a la mujer a la que se le quiere
dañar y que se ha hecho daño de facto cuando se producen estos asesinatos, es
preciso que los apoyos psicosociales y derechos laborales, las prestaciones de
la Seguridad Social, así como los derechos económicos recogidos en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género sean de aplicación en casos de violencia "por
interpósita persona"».
Al margen de este voto particular, que será aceptado, hoy se
debatirán otro paquete de medidas de formaciones como el PSOE , Ciudadanos y
Podemos, que previsiblemente no serán aceptadas.
«Terrorismo machista»
Podemos pide la creación de equipos mixtos en los deportes
de equipo federados; garantizar libre elección de las prendas del uniforme
escolar; restituir la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular
para detectar casos de mutilación genital; garantizar acceso universal a la
reproducción asistida y un protocolo para la violencia de género contra mujeres
lesbianas, transexuales y transgénero.
Además, quiere que la violencia de género sea considerada
como «terrorismo machista» otorgando a las mujeres maltratadas mismos derechos
que a víctimas del terrorismo. Al igual que Compromís, que también coincide con
la formación morada en pedir una Ley de Violencias Machista que incluya toda
tipología de violencia machista reconocidas en el Convenio de Estambul -trata,
violencia sexual, mutilación genital, matrimonio forzoso, entre otras-.
Ciudadanos ha presentado un voto particular para garantizar
la eficiencia en la aplicación de los recursos y el seguimiento del Pacto.
Tras la aprobación de hoy, el Gobierno cuenta con un plazo
de dos meses para poner en marcha las medidas del Pacto.