Ese año, la afiliación en este sector se incrementó en más
de 130.000 personas, según datos del Ministerio de Empleo
Solo dos de cada tres empleadas del hogar están dadas de
alta en la Seguridad Social, una situación que aunque se ha dado la vuelta en
los últimos nueve años denota aún un alto porcentaje de fraude laboral
existente. El pasado mes de junio había 424.395 personas cotizando en el
sistema especial de empleados del hogar dentro del régimen general de la Seguridad
Social, según los datos del Ministerio de Empleo consultados. No obstante, eran
617.400 las personas que aseguraban estar ocupadas en actividades del hogar
como personal doméstico, según la Encuesta de Población Activa (EPA), relativa
al segundo trimestre del año, de las que su mayor parte (541.300) eran mujeres.
Estos datos revelan que solo el 68,7% de estos empleados
está dado de alta en la Seguridad Social, una tasa que ha mejorado respecto a
los cinco últimos trimestres, aunque la más alta se alcanzó hace exactamente
dos años, cuando el 70% de estos empleados cotizaban.
El número de trabajadores domésticos cotizantes a la
Seguridad Social se ha mantenido prácticamente estable desde que en 2012 se
integró el antiguo régimen especial de empleados del hogar dentro del régimen
general, aunque como un sistema especial.
Ese año, la afiliación en este sector se incrementó en más
de 130.000 personas, debido a la afloración de empleo sumergido, pero también a
que la norma introdujo la obligación de dar de alta y cotizar desde la primera
hora, ya que hasta entonces no era necesario hacerlo por un trabajo inferior a
72 horas mensuales.
Sin prórroga en la
reducción de cuotas
Entre las medidas que se pusieron en marcha en ese momento
para "animar" a las familias a dar de alta a los empleados de hogar
estuvo la reducción del 20% en las cuotas a la Seguridad Social que, de forma
imprevista, el Gobierno dejó de aplicar hace un mes al no incluir una prórroga
expresa en los Presupuestos de 2017. Sí se mantiene la bonificación del 45%
para las familias numerosas.
Desde el PDeCAT ya han avanzado que pedirán al Gobierno que
recupere esa reducción y han advertido que eliminarla puede favorecer el
incremento de la economía sumergida en este sector donde el fraude laboral sigue
siendo elevado.
Entre los motivos de ese fraude, están las dificultades de
control por parte de la Inspección de Trabajo, tal y como ha asegurado la
vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, en declaraciones a Efe.
Y es que, en la actualidad, los inspectores de trabajo no
pueden acceder a un domicilio particular, por lo que el sindicato ha pedido que
se modifique el real decreto de la Inspección de Trabajo para regular su
actuación en los casos en los que se lleva a cabo una labor remunerada en un
hogar. "Hay muy pocas mujeres que realizan trabajos domésticos y están
dadas de alta a la Seguridad Social", ha explicado Antoñanzas.