La tarifa plana de 50 euros para autónomos se ampliará de
seis meses a 12 meses desde primeros de año.
El pasado mes de julio la ministra de Empleo, Fátima Báñez,
se comprometió a esperar las recomendaciones del Pacto de Toledo antes de
decidir la subida que se aplicaría a las pensiones en 2018. La ley prevé un
incremento mínimo del 0,25% para años de crisis de la Seguridad –ha sido la
subida aplicada en los últimos cuatro años– pero Báñez se comprometió a esperar
las recomendaciones que antes del verano, primero, y en septiembre, después, se
esperaban por parte de la comisión del Pacto de Toledo que estudia una nueva
reforma del sistema de pensiones.
Pero las recomendaciones no han llegado ni se esperan. Como
ya informó ABC tras más de un año de trabajos la comisión del Congreso sigue
enredada en comparecencias, sin plazo para presentar ni una sola propuesta que
contribuya a la sostenibilidad de las pensiones públicas. Ante esta situación,
el Gobierno prepara ya para los más de 8,5 millones de pensionistas un
incremento del 0,25% en sus nóminas desde el mes de enero. La posible prórroga
de los Presupuestos no será problema ya que el Ejecutivo volverá a recurrir a
un decreto para su puesta en marcha.
Evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo se
convirtió en uno de los principales objetivos de la comisión del Pacto de
Toledo; todos los grupos, salvo el PP, se mostraron partidarios de buscar
fórmulas distintas a la actual, el Índice de Revalorización. Un complejo
indicador que tiene en cuenta factores como la cuantía de la pensión media por
el efecto sustitución (diferencia entre las pensiones que causan baja y las
nuevas), el número de pensiones, los ingresos y el gasto en pensiones, que se
encamina irremediablemente hacia los 9.000 millones mensuales, un récord. Y
aunque las expectativas económicas siguen mejorando –la economía crece por
encima del 3% y se crearán más de 500.000 empleos este ejercicio–, el déficit
de la Seguridad Social está previsto que acabe este año en 18.609 millones, 513
más que en 2016, en lo que significaría el mayor agujero de su historia.
Pero dada la dificultad de encontrar un punto de encuentro
entre todos los grupos, el PP y Ciudadanos se comprometieron a buscar fórmulas
que eviten la pérdida de poder de compra de los pensionistas en un futuro
inmediato, algo que es más que probable que ocurra este ejercicio teniendo en
cuenta que las pensiones subieron este año un 0,25% y la inflación interanual
que se espera es del 1,5%. Tampoco se han producido avances en este sentido.
La subida será desde enero la falta de acuerdo en el seno
del Pacto de Toledo podría obligar al Gobierno si no llegan las recomendaciones
a tomar también una decisión sobre los fondos necesarios para pagar las
pensiones dado que las cotizaciones siguen sin aportar lo suficiente a las
arcas de la Seguridad Social para pagar las pensiones, en especial, cuando
llega el momento de repartir las pagas extraordinarias de verano y Navidad.
El pasado junio la Seguridad Social necesitaba 9.500
millones para afrontar este sobresfuerzo veraniego. De ese dinero, 3.514
millones salieron del Fondo de Reserva, el salvavidas utilizado desde 2012.
Para evitar dejar la hucha vacía (quedan poco más de 11.600 millones), el resto
del dinero se cubrió con un crédito que facilita el Gobierno y que asciende a
5.986 millones.
La situación de escasez no es nueva. Se repite desde hace
seis años. El pasado julio lo novedoso fue la utilización de un crédito
concedido por Hacienda en las cuentas públicas de 2017. De ese préstamo, de 10.192
millones, se han consumido ya 5.986 millones para la extra. Es decir que en
diciembre este recurso quedará agotado cuando el Gobierno tenga que recurrir de
nuevo a instrumentos externos para pagar la extra de diciembre a los pensionistas.
También en enero entrará en vigor el grueso de las medidas
incluidas en la Ley de Autónomos. No interferirá esta entrada en vigor una
prórroga presupuestaria por que el Ejecutivo recurriría a un crédito
extraordinario.
La norma, que fue pactada a finales de 2016 entre PP y
Ciudadanos, será aprobada por el Senado el próximo martes, de donde retornará
de nuevo a la Cámara Baja para ser aprobada de forma definitiva este mismo mes.
Esta ley, que recoge la mayoría de propuestas realizadas por
ATA, incluye una batería de medidas históricas para los más de tres millones de
autónomos afiliados a la Seguridad Social, un espaldarazo para un colectivo que
ha sido protagonista de la creación de empleo en España desde que en 2014 la
ocupación levantó el vuelo, poniendo fin a seis largos años de crisis
económica.
En enero próximo serán diez las medidas que entren en vigor;
otras tantas quedarán pendientes. Entre las que comenzarán a aplicarse el año
próximo está la ampliación de la tarifa plana para autónomos de 50 euros, que
pasará de los actuales seis meses a doce para nuevos autónomos o para aquellos
que no lo fueron en los dos últimos años. La ampliación de la tarifa plana es
la única medida que tendría coste, en torno a 400 millones.
Esta tarifa plana es una de las iniciativas estrellas del
Ministerio de Empleo, que ha servido para que 1,2 millones de profesionales se
dieran de alta por cuenta propia desde que entró en vigor y para que más de
400.000 salieran de la economía sumergida.
La norma incluirá también mejoras en los recargos que se
aplican a los autónomos que se retrasen en los pagos a la Seguridad Social.
Dejará de aplicarse el 20% de penalización generalizado por una demora puntual
para aplicarse un 10% en el primer mes.
La aplicación completa de la norma requerirá un presupuesto
de 1.000 millones, dotación que queda pendiente de la aprobación de los
Presupuestos. Con estos recursos se desarrollarán el resto de medidas que no
entrarán en vigor enero, entre ellas, por ejemplo, que los autónomos estarán
exentos de pagar cuota durante el periodo de baja por maternidad, paternidad,
adopción y acogimiento.